Procuraduría profirió pliego de cargos contra patrullera que golpeó con un bolillo a joven en Suba
La Procuraduría General de la Nación profirió un pliego de cargos contra la patrullera de la Policía Nacional, Erika Judith Pérez Romero, por presuntos actos de violencia cometidos durante un procedimiento policial en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.
El caso se remonta al pasado mes de enero, cuando un ciudadano identificado como Juan Sebastián Nova registraba con su celular un operativo de la Policía cerca del humedal Juan Amarillo. Según las denuncias, la patrullera habría reaccionado de forma agresiva al percatarse de la grabación. En el video difundido en redes sociales, se escucha cómo la uniformada increpa al joven: “A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo, vaya y tómeselas con su madre, conmigo no”, seguido de un golpe en el rostro propinado con su bolillo.
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La actuación de la funcionaria fue catalogada provisionalmente como gravísima, a título de dolo, por la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, que señaló posibles violaciones a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Además, se investiga si la patrullera abusó de su posición de autoridad y desconoció los límites establecidos por la ley para el ejercicio de sus funciones.
Paralelamente, la Fiscalía Penal Militar y Policial también adelanta una investigación por presuntas lesiones personales contra Pérez Romero, lo que refuerza la gravedad del caso y pone en evidencia la necesidad de revisar los protocolos de actuación de la Fuerza Pública en procedimientos con civiles.
El caso se suma a una serie de denuncias recientes sobre el accionar de la fuerza pública en territorios urbanos y populares, lo que reabre el debate sobre la necesidad de una reforma estructural que garantice la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el respeto a los protocolos por parte de los uniformados.
La patrullera Pérez Romero podrá presentar descargos dentro del proceso disciplinario, mientras la comunidad y los organismos de control esperan una decisión que siente un precedente claro frente al uso de la fuerza y el respeto a la ciudadanía.
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