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Galán ordena frenar contrato de Chapinero por presunto sobrecosto en compra de motocicletas

En medio de una creciente polémica por presuntos sobrecostos, la Alcaldía Local de Chapinero canceló el contrato para la compra de cinco motocicletas de dotación policial, cuyo valor por unidad alcanzaba los $93,6 millones. En localidades como Suba y Barrios Unidos, con el mismo proveedor, estas motos se habían adquirido por $52 millones, lo que desató cuestionamientos de la opinión pública y la intervención de autoridades de control.

El contrato, identificado con el número 279 de 2025, había sido suscrito con la empresa Credimotos con recursos del Fondo de Desarrollo Local. Su objetivo era reforzar el parque automotor de la estación de Policía de Chapinero. Sin embargo, tras la denuncia inicial del concejal Daniel Briceño, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán solicitó su terminación inmediata. La decisión se ejecutó el pasado 6 de agosto, según confirmó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

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Las denuncias que encendieron la controversia

Briceño detalló que, en comparación con otras adquisiciones oficiales, las motos de Chapinero presentaban una diferencia de casi $40 millones por unidad frente a las compradas por otras alcaldías locales y de $53 millones frente a las adquiridas por la Secretaría de Seguridad en 2024, que pagó $40 millones por cada una.

El edil Nicolás Velasco se sumó a las críticas, asegurando que la compra se hizo mediante una subasta pública por un valor total de $476 millones, lo que limitó la adquisición a cinco unidades para no superar el presupuesto. Velasco también recordó que, en 2025, se había declarado la caducidad del contrato original para este proyecto, lo que dejó sin contratista responsable de su ejecución.

La respuesta de la Alcaldía Local

La alcaldesa local, Alexandra Mejía Guzmán, explicó que el proceso contractual tomo en cuenta estudio de mercado con base en las cotizaciones recibidas, posteriormente inicio el proceso el 10 de marzo y que, al no recibir propuestas en la plataforma Secop, se optó por solicitar cotizaciones directas a proveedores entre el 18 de marzo y el 3 de abril.

Según la funcionaria, al detectarse un posible sobrecosto se evaluaron alternativas para corregirlo, como solicitar al proveedor más motocicletas por el mismo monto acordado para ajustar el precio. No obstante, afirmó que la decisión final fue terminar el contrato anticipadamente por ser “la opción más sana y transparente”. y que no fue realizado ningun pago.

En un video publicado en redes sociales, Mejía Guzmán recalcó que el proceso se desarrolló bajo los lineamientos de la Ley 80 de contratación estatal y que, dado que las motocicletas nunca se entregaron, no se efectuó ningún pago.

Como otro de los datos clave es que todo apunta a que la adjudicación del contrado en la localidad de Chapinero se realizo un mes antes que en la localidad de Barrios Unidos.

Acciones de control y seguimiento

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, indicó que este contrato hacía parte de la lista de procesos en seguimiento por la entidad y que se presentó un informe para proceder con la cancelación.

Las denuncias fueron remitidas a la Contraloría de Bogotá y a la Personería Distrital, entidades que deberán determinar si existieron irregularidades o sobrecostos en la contratación.

Un caso bajo la lupa

El contrato de Chapinero se suma a un debate más amplio sobre los procesos de adquisición de bienes en las alcaldías locales de Bogotá y la necesidad de garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

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