Golpe a la reforma rural y a los derechos del campesinado de Colombia
El Congreso de la República hundió la ley de procedimientos de la Jurisdicción Agraria y Rural, una norma clave para poner en funcionamiento la justicia especializada encargada de resolver los conflictos por la tierra en Colombia
La ley que buscaba reglamentar el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural se hundió en el Senado de la República al no completar su trámite legislativo antes del cierre de la actual legislatura. La decisión representa un revés para uno de los instrumentos considerados fundamentales para la implementación de la reforma rural y de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el Acuerdo de Paz de 2016.
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Aunque Colombia ya cuenta con la Jurisdicción Agraria y Rural gracias a una reforma constitucional y a la reciente ley estatutaria que definió su estructura, aún faltaba la norma que estableciera los procedimientos concretos para que jueces y tribunales agrarios pudieran resolver los conflictos por la tierra de manera efectiva. Sin esa reglamentación, la nueva jurisdicción queda limitada en su capacidad de operación.
La Jurisdicción Agraria fue concebida para atender de manera especializada los conflictos relacionados con la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de tierras rurales. Su propósito es ofrecer soluciones más rápidas y ajustadas a las realidades del campo colombiano, históricamente marcado por la concentración de la tierra, los conflictos agrarios y las dificultades de acceso a la justicia para campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado.
Desde el Gobierno nacional se insistió durante varios meses en la necesidad de aprobar la iniciativa. Incluso se radicó un mensaje de insistencia para darle prioridad en la agenda legislativa, argumentando que la jurisdicción agraria es necesaria para resolver de manera pacífica las disputas por la tierra y evitar que el proyecto fuera archivado por vencimiento de términos.
Sin embargo, la discusión estuvo rodeada de controversias políticas y jurídicas. Sectores del Gobierno defendían que ciertas decisiones administrativas relacionadas con la reforma agraria pudieran avanzar sin quedar completamente supeditadas a largos procesos judiciales, mientras que sectores de oposición reclamaban mayores controles judiciales sobre las actuaciones estatales relacionadas con la tierra. Estas diferencias terminaron ralentizando el trámite legislativo hasta hacerlo inviable dentro de los tiempos del Congreso.
El exsenador y exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle, calificó el hundimiento como un “revés histórico”. Según su análisis, detrás del fracaso legislativo confluyeron intereses que buscan mantener las barreras tradicionales que han dificultado durante décadas el reconocimiento de derechos sobre la tierra a quienes la trabajan.
De la Calle sostuvo que la justicia ordinaria ha sido históricamente lenta para resolver los conflictos agrarios, situación que termina perjudicando principalmente a los pequeños productores rurales. A su juicio, la ausencia de mecanismos ágiles favorece la concentración improductiva de grandes extensiones de tierra y prolonga disputas que afectan la productividad del campo y las condiciones de vida de las comunidades campesinas.
La importancia de esta discusión trasciende el ámbito jurídico. Uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas FARC fue precisamente la Reforma Rural Integral, concebida para cerrar las brechas históricas entre el campo y la ciudad. El acceso a la tierra, la formalización de la propiedad rural y la resolución de conflictos agrarios son componentes esenciales de ese compromiso. Diversas entidades estatales han señalado que la transformación del campo requiere no solo la entrega y formalización de tierras, sino también mecanismos judiciales especializados que otorguen seguridad jurídica a campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado.
Para miles de familias rurales, la ausencia de esta ley significa que los conflictos sobre linderos, propiedad, ocupación o recuperación de tierras seguirán dependiendo de procedimientos judiciales que durante años han sido cuestionados por su lentitud y complejidad. En un país donde gran parte de la conflictividad social y armada ha estado relacionada con la tierra, el hundimiento de la iniciativa es visto por organizaciones campesinas y sectores favorables a la reforma agraria como una oportunidad perdida para avanzar hacia una justicia más cercana a las realidades rurales.
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