Fiscalía pide cárcel para ocho implicados en el caso Lili Pink
La investigación por el presunto entramado de contrabando y lavado de activos relacionado con la cadena de almacenes Lili Pink avanzó a una nueva etapa. La Fiscalía General de la Nación solicitó a un juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra ocho personas investigadas, entre ellas el cofundador de la marca, Max Marvin Abadi.
La petición fue presentada durante las audiencias judiciales que se desarrollan en Bogotá, luego de que la Fiscalía formalizara la imputación de cargos. Según el ente acusador, los procesados harían parte de una presunta estructura dedicada al ingreso ilegal de ropa femenina y accesorios al país, así como al posterior manejo de los recursos obtenidos mediante operaciones que estarían relacionadas con lavado de activos.
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Los ocho investigados son:
- Max Marvin Abadi.
- David Max Abadi Homsani.
- Malaquilla Bismar Hernández.
- Lorena Bernal Castro.
- Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna.
- Jonnatan Villamil Soler.
- Luz Adriana López López.
- Merlín Roxana Mendoza Arias.
Durante la audiencia, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el proceso continuará con las siguientes etapas previstas en el sistema penal acusatorio. La solicitud de medida de aseguramiento será resuelta por la juez de control de garantías una vez escuche los argumentos de la Fiscalía y de las defensas.
De acuerdo con la investigación, los implicados deberán responder, según el grado de participación que les atribuye la Fiscalía, por delitos como concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, conductas que, por ahora, corresponden únicamente a una imputación y deberán ser probadas durante el proceso judicial.
Un caso que lleva más de una década de investigación
La imputación hace parte de la segunda fase de una investigación que las autoridades adelantan desde hace varios años sobre una presunta red transnacional dedicada al ingreso de mercancías de contrabando al territorio colombiano utilizando diferentes empresas y mecanismos para ocultar el origen de los recursos. La audiencia de imputación había sido anunciada por la Fiscalía desde comienzos de junio de 2026.
Por ahora, los ocho procesados conservan la presunción de inocencia mientras avanza el proceso y será la justicia la que determine si existe responsabilidad penal en los hechos investigados.
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