Más anuncios que cárceles, Bogotá suma otro proyecto fallido
La crisis carcelaria en la capital colombiana ya no puede explicarse únicamente por el hacinamiento en las URI y estaciones de Policía. También debe analizarse desde la capacidad —o incapacidad— institucional para convertir los anuncios en obras. El más reciente episodio alrededor del Centro Especial de Reclusión II (CER II) vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿está la ciudad improvisando su política penitenciaria?
La denuncia presentada en el Concejo de Bogotá por el concejal Julián Uscátegui, quien solicitó a la Contraloría investigar las actuaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad y de RenoBo en la fallida compra del predio El Carmen, trasciende el debate político. Lo preocupante es que, según lo expuesto, después de más de un año de estudios, avalúos, trámites y recursos comprometidos, el Distrito terminó sin terreno, sin obra y con cientos de millones de pesos invertidos en gastos administrativos.
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Este caso adquiere mayor relevancia porque no sería un hecho aislado. La ampliación de la Cárcel Distrital, los retrasos de la Fase II del CER y ahora el frustrado CER II configuran una cadena de proyectos que, hasta ahora, no han logrado materializar la promesa de ampliar la capacidad de reclusión de la capital. Incluso la propia Contraloría de Bogotá había advertido meses atrás rezagos en la ejecución del CER Fase II y la necesidad de adoptar correctivos para evitar nuevos incumplimientos.
Más allá de las responsabilidades que deberán establecer los organismos de control, el episodio deja una lección evidente: la política de seguridad no puede construirse sobre proyectos que cambian de rumbo cuando ya se han comprometido recursos públicos. Si un predio debía ser descartado por los costos de demolición, esa variable debió formar parte de los estudios previos y no descubrirse cuando el proceso estaba en marcha.
Bogotá necesita ampliar su infraestructura penitenciaria para aliviar el hacinamiento y fortalecer la seguridad ciudadana. Pero ese objetivo exige planeación rigurosa, transparencia y decisiones técnicas sólidas. Cada proyecto fallido representa tiempo perdido, recursos públicos comprometidos y una ciudad que continúa esperando soluciones mientras la crisis se profundiza.
Las investigaciones determinarán si existieron responsabilidades disciplinarias, fiscales o administrativas. Sin embargo, el verdadero juicio será el de los ciudadanos, quienes esperan que la seguridad deje de medirse por anuncios y empiece a reflejarse en resultados concretos.
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