#Opinión El verdadero impacto del alza en combustibles: colombianos asumen la carga que el gobierno ya no quiere pagar
Columna de Opinión
El paro nacional de transportadores, que inició el pasado 30 de agosto, ha puesto en jaque la movilidad del país, y se ha convertido en una manifestación masiva contra el reciente incremento en los precios de los combustibles. El alza, que ha llevado el galón de gasolina de $8.000 a $16.000, afecta directamente a los transportadores y ciudadanos, quienes ahora deben asumir los costos que anteriormente cubría el Gobierno Nacional a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Este fondo, financiado con los impuestos pagados por los colombianos, tenía como objetivo mitigar los efectos de la inflación que provoca un alza en los combustibles. La lógica detrás de este mecanismo era sencilla: mantener un precio estable del combustible para evitar el aumento descontrolado en los costos de bienes y servicios, ya que cualquier incremento en los combustibles impacta en el precio de los productos y servicios básicos, desde la comida hasta el transporte. Sin embargo, la administración de Gustavo Petro ha decidido no seguir asumiendo estos costos, trasladando la carga económica directamente a los ciudadanos.
La protesta de los transportadores no se limita a la defensa de sus garantías laborales, como algunos han querido hacer ver. El verdadero motivo es el alza continua en los precios del combustible, lo que ha llevado a camioneros, taxistas, motociclistas y transportadores de carga pesada a unir fuerzas para expresar su rechazo. La preocupación se extiende ahora al ACPM y el diésel, cuyos incrementos también afectarán profundamente el sector del transporte y, por ende, a toda la población.
La decisión del gobierno de no intervenir en el precio de los combustibles, que ahora están sujetos al costo internacional, ha sido criticada por distintos sectores. Aunque Colombia es un país productor de petróleo, los ciudadanos deberán pagar el galón de combustible al mismo precio que en mercados internacionales, una medida que muchos consideran injusta. Mientras el Estado reduce sus gastos en estabilización, los colombianos seguirán pagando impuestos y, adicionalmente, deberán afrontar el impacto de un alza que encarecerá todos los aspectos de la vida cotidiana.
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