CAJAR alerta sobre posible bloqueo al proyecto de ley de Acueductos Comunitarios
El colectivo de abogados exige respuestas al presidente del Senado, Lidio García. Más de 20 años de lucha comunitaria por el reconocimiento de la gestión del agua podrían quedar en riesgo por la demora en el trámite de conciliación del proyecto de ley que beneficiaría a millones de habitantes rurales en Colombia.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) lanzó una alerta pública y un llamado urgente al presidente del Senado, Lidio García, para que explique las razones por las cuales aún no se ha tramitado la conciliación del Proyecto de Ley de Acueductos Comunitarios, una iniciativa construida desde las comunidades y respaldada por décadas de organización social en defensa del agua.
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Según la organización, han transcurrido más de 80 días desde que el proyecto fue aprobado por el Congreso de la República y, hasta la fecha, no existe una justificación jurídica o administrativa que explique la demora en este paso fundamental para que la iniciativa continúe su curso hacia la sanción presidencial.
“Está en juego el reconocimiento histórico de la gestión comunitaria del agua que realizan más de ocho millones de campesinos, campesinas y habitantes rurales en el país”, señalaron desde CAJAR, al tiempo que exigieron transparencia y voluntad política para garantizar que el proyecto no sea hundido mediante dilaciones injustificadas.
La iniciativa legislativa, impulsada por el senador Robert Daza, del Pacto Histórico, representa uno de los avances más importantes en materia de gestión comunitaria del agua en Colombia. Su objetivo principal es reconocer legalmente a las organizaciones comunitarias que históricamente han garantizado el acceso al agua en miles de territorios rurales y urbanos donde el Estado no ha llegado de manera suficiente.
El proyecto establece un marco jurídico especial para fortalecer la autonomía de estas comunidades, facilitar su reconocimiento legal, reducir cargas administrativas y promover la conservación de ecosistemas estratégicos.
Asimismo, contempla mecanismos para la gestión comunitaria de aguas residuales, la protección de fuentes hídricas y la participación activa de las organizaciones en programas de restauración ambiental y adaptación al cambio climático.
Se estima que más de 30 mil organizaciones comunitarias podrían beneficiarse con esta normativa, consolidando un modelo de gestión basado en la solidaridad, la participación democrática y el cuidado de los bienes comunes.
Aunque durante el trámite legislativo algunos artículos relacionados con la protección de áreas estratégicas para el agua fueron ajustados y retirados temporalmente para lograr consensos, el texto final aprobado contiene 42 artículos que fortalecen la relación entre las comunidades y el Estado, regulan aspectos tarifarios, promueven el monitoreo participativo de la calidad del agua y garantizan el respeto por las prácticas culturales y sociales de los territorios.
Ante la incertidumbre generada por la falta de avances en la conciliación, CAJAR hizo un llamado al presidente del Senado para dialogar de cara al país y brindar explicaciones claras sobre el futuro de una iniciativa que ha sido construida durante más de dos décadas por organizaciones comunitarias, acueductos rurales y movimientos sociales.
Las comunidades insisten en que la gestión comunitaria del agua no solo garantiza el acceso a un derecho fundamental, sino que también constituye una herramienta clave para la protección ambiental, la soberanía territorial y la construcción de modelos sostenibles de desarrollo.
Mientras continúa la espera por la conciliación del proyecto, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos advierten que el país no puede permitir que una conquista histórica para millones de colombianos quede estancada en los pasillos del Congreso.
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