Sin ser escuchadas organizaciones sociales de Rafael Uribe Uribe hacen un llamado al Gobierno local

Siguiendo con todos los protocolos de cuidado personal, como el uso de tapabocas y manteniendo un distanciamiento con otras personas, varios líderes sociales y políticos de la localidad Rafael Uribe Uribe se reunen este martes para denunciar la situación de desprotección de los habitantes en el territorio, al tiempo que exigen medidas que garanticen los derechos de estas comunidades.

Los asistentes también piden que se cumpla la promesa de la alcaldesa mayor, Claudia López: “Nadie sin techo ni comida”, proponiendo adicionalmente unas medidas que consideramos necesarias para su realización.

Las diferentes organizaciones y lideres han redactado el siguiente comunicado:

“Las organizaciones sociales y comunitarias,  lideresas y líderes sociales y políticos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, abajo firmantes, en nuestro ejercicio de acompañamiento a las comunidades de manera permanente y ahora en medio del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, como medida para evitar la propagación del COVID-19, y ha sabiendas que esta rueda de prensa presencial rompe con este aislamiento, asumimos el riesgo, para hacer saber que frente a la meta del programa Bogotá Solidaria en el cual se informa que de manera conjunta con el gobierno nacional se entregaran apoyos a 350.000 familias y se piensan extender con donaciones a otras 150.000, y se han entregado 262.561 transferencias monetarias de las cuales 90,878 son aportes de la alcaldía mayor y de estas 6.232 se han entregado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, de los cuales desconocemos la ubicación de estas familias, y en las bases de datos que auscultamos no conocemos el primer beneficio de los aportes del distrito en la localidad, por lo tanto exigimos información de los criterios de focalización y ubicación  de las familias beneficiarias, las cuales cuestionamos ya que como organizaciones nos encontramos en territorios con población SISBEN Nivel 1, 2 y 3 , víctimas del conflicto armado, población migrante y refugiada y no hemos encontrado beneficiarios de apoyos distritales. Por lo que se requiere tener en cuenta las bases de datos de las organizaciones e indicarnos si alguno de ellos recibirá apoyo y buscar mecanismos de priorización sobre las ayudas que se entregaran por parte del Fondo de Desarrollo Local, que exigimos se contrate con organizaciones sociales locales”, argumenta el comunicado.

Asimismo, los representantes de esta localidad manifiestan que ven con preocupación el cierre de los 13 comedores comunitarios que atienden 2963 personas de la localidad, programados para la primera semana de mayo y el cambio de estrategia por entrega de paquetes alimentarios que aporten el 40% de las necesidades energéticas del participante. “Por lo que consideramos que coloca en riesgo no sólo al participante sino a toda su familia ya que primero no se conoce los apoyos aportados, y al entregar este apoyo no será sólo para el participantes del comedor sino para toda su familia, no cumpliendo la meta interna de garantizar el 40% del alimento necesitado. Esto nos coloca en alerta cuando se indican que se han entregado 702.383 alimentos en Bogotá, pero la política es cerrar servicios por miedo al contagio.  Los servicios sociales deben continuar, buscando como se venía haciendo mecanismos para evitar aglomeraciones para que se garanticen derechos”.

Valaguela.com habló con la Asociación Comunitaria de Comunicación y Expresión Artística, ACOEXAR, y nos dijo que efectivamente hay que hacer un llamado a la Alcaldía local y a la Administración distrital para “que seamos tomados en cuenta en este plan de contingencia y que las comunidades puedan recibir las ayudas sociales. Asimismo son las organizaciones sociales las que conocen realmente quienes son las personas que necesitan el apoyo y que deben ser cubiertas dentro de este plan de contingencia”.

En el caso de la atención médica, expusieron que los tres CAPS (Diana Turbay, Chircales, Olaya) y una USS (San Jorge) están habilitados sin todos los servicios que antes se ofertaban y además 2 CAPS están cerrados (Lomas y Bravo Páez).

“Por esto solicitamos a Subred centro oriente que determine para esta localidad un número de personas que sigan realizando atención domiciliaria en especial en los barrios donde se encuentran algunos de los 27 casos para garantizar que el COVID 19 no se siga propagando, y se priorice el acompañamiento psicosocial de las enfermedades mentales que pueden exacerbarse con el aislamiento, como del acompañamiento de las personas con enfermedades agresivas como VIH, cáncer, diabetes que requieren acceso a medicamentos que en muchos casos no han tenido acceso por no tener respuestas oportunas de las EPS o traslados del sistema contributivo al subsidiado”.

De igual forma denuncian el aumento del recibo de servicios públicos en especial la tarifa de aseo en la cual duplicó su valor hace seis meses y va aumentando su valor promediamente cada bimestre pasando de 30.000 hace ocho meses a 64.400 hace cuatro y 84-630 en estrato tres, y el aumento de valor de consumo residencial básica y el de metro cuadrado de agua justo en el marco del aislamiento.

En materia de seguridad manifestaron que en medio de la crisis las afectaciones a la vida no se han reducido, puesto que hasta el mes de marzo se contabilizaban más de 27 homicidios, y en medio del aislamiento en marzo hubo cinco homicidios aumentando los de 2019, a pesar de que ha decaído los homicidios en la ciudad, en la localidad y en la UPZ Diana Turbay siguen en incremento, lo que exige no sólo actuaciones policiales que se han realizado, sino acompañamiento más cercano de las instituciones para guiar a los jóvenes, principales víctimas, para que no sean reclutados por los actores del narcotráfico.

También denunciaron que se continúa con la afectación a lideresas y líderes sociales con el agravante que los señalamientos se dan en nuestras propias casas, por esto las mujeres y hombres amenazados, y que se conocen y se han presentado en consejos de seguridad, exigimos más que reuniones, las medidas de protección aportadas por la Unidad Nacional de Protección.

“Las organizaciones sociales exigimos ser tenidas en cuenta durante esta crisis, es a nosotros que llega la comunidad para tratar de resolver sus necesidades, nosotros buscamos los espacios para llegar a la institucionalidad para ser escuchada, por esto utilizamos esta rueda de prensa, exigiendo respuestas sobre la intervención realizada con precisión y claridad, y proponemos que la inversión realizada desde el Fondo de Desarrollo Local focalice a las personas que no han sido beneficiarias de ningún proyecto para que aporten ayuda alimentaria, con asesoría y acompañamiento al acceso de otros servicios. El COVID obligo a replegarnos en nuestras casas, es hora que el Estado se despliegue y nos protejan todo el territorio”, señalan.

El llamado es a que el Gobierno local, distrital y nacional los escuche y puedan ser tomados en cuenta para que la comunidad de Rafael Uribe Uribe no continúe “castigada” e  ignorada por las autoridades competentes.

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