Las razones de la millonaria sanción de la SIC a Rappi
Dentro de los argumentos del organismo para imponer la millonaria multa a la plataforma está la de violar las normas y no ofrecerle a los usuarios información mínima, datos públicos de precio, tener publicidad engañosa, cláusulas abusivas e incumplir con las obligaciones legales en referencia a ventas a distancia y comercio electrónico, entre otros.
El proceso contra Rappi comenzó por cientos de quejas, reclamaciones y denuncias interpuestas contra la plataforma, lo que derivó en una investigación y una formulación de pliego de cargos a finales de agosto de 2019.
La SIC señaló en ese momento que la aplicación debía cumplir con la normatividad de comercio electrónico ya que concluyó que esta era un proveedor o expendedor de bienes y servicios a través de medios electrónicos y no era un portal de contacto como había alegado Rappi.
Para esto, la Superintendencia precisó que la plataforma no solo cumple con la “función de contactar a Rappitenderos, consumidores y aliados comerciales, sino que hace parte de la cadena de comercialización, así sea de manera indirecta, de los bienes y servicios que ofrece a través de su plataforma”.
Así mismo, la SIC hizo también un llamado por los términos y condiciones de uso la aplicación por parte de los consumidores, indicando que podrían estar vulnerando las normas del Estatuto del Consumidor, ya que Rappi limitaba la responsabilidad del proveedor respecto “a las obligaciones que por ley le corresponden”, así como “restringir la posibilidad de hacer efectivas las garantías y la entrega de vueltas exactas” y presumir “la manifestación de voluntad del consumidor”.
Por esto, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó el año pasado a Rappi hacer un ajuste de las cláusulas referente a ese documento de términos y condiciones.
Por último, la investigación derivó además en la formulación de cargos por parte de la SIC contra la aplicación por violar las normas de protección al consumidor en nueve aspectos en específico: información, publicidad engañosa, promociones y ofertas, información pública de precios, cláusulas abusivas, derecho de retracto, reversión del pago, calidad y comercio electrónico.
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