Tumban salario mínimo decretado por Petro en Colombia: Consejo de Estado tomó decisión
Según la medida, no se habrían seguido criterios técnicos por parte del presidente. El ministro Armando Benedetti mostró su sorpresa por lo decidido.
El nuevo escenario jurídico en torno al salario mínimo ha dado un giro inesperado tras la intervención del magistrado encargado de revisar la legalidad del decreto. Al ordenarse una suspensión provisional del incremento del 23,78 %, el país entra en un limbo normativo donde los efectos del aumento quedan congelados de inmediato.
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Esta medida cautelar obliga al Gobierno Nacional a retroceder y expedir un nuevo acto administrativo que, esta vez, se ajuste estrictamente a los requisitos técnicos y legales que la demanda alega fueron vulnerados, dejando en firme que el cumplimiento de la ley prima sobre la voluntad política del Ejecutivo.
La serie de alarmas se intensificó al considerar que el aumento del 23 % en el salario mínimo para el año 2026, medida que, aunque busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, precipita un incremento en los costos laborales que no se ve correspondido por un alza en productividad ni por alivios para las pequeñas y medianas empresas (pymes), con el potencial de incitar una escalada de precios y provocar el cierre de empresas. En consecuencia, podría forzar la entrada de más trabajadores al sector de la economía informal, particularmente en las regiones más vulnerables del país.
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