Ayuda internacional está lista, pero Colombia no autoriza equipos de rescate

Colombia enfrenta una emergencia de enormes proporciones tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó varias regiones del país y dejó cientos de familias afectadas, víctimas mortales y equipos de emergencia trabajando contrarreloj en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Pero mientras los organismos de socorro buscan entre los escombros posibles sobrevivientes, una segunda crisis comienza a tomar fuerza: la controversia por la decisión inicial del Gobierno de Abelardo de la Espriella de no solicitar el ingreso de equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate.

Según informes publicados por medios como EL PAÍS y Caracol Radio, países como México, Chile, El Salvador y China ofrecieron personal especializado y capacidades de rescate, mientras Naciones Unidas también manifestó su disposición para apoyar. Sin embargo, el gobierno Nacional habría optado inicialmente por solicitar principalmente insumos y ayuda humanitaria, argumentando que los equipos colombianos desplegados eran suficientes.

El caso de México resulta especialmente significativo. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su país tenía listo un operativo de ayuda, incluido personal especializado en rescate en estructuras colapsadas, pero que esperaba una solicitud formal del Gobierno colombiano para movilizarlo.

El Salvador, por su parte, confirmó que Colombia no había solicitado rescatistas. Ante esa decisión, el Gobierno de Nayib Bukele anunció el envío de dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria.

Una decisión que abre un debate de Estado

Desde una perspectiva de gestión del riesgo, la discusión no debería reducirse a si Colombia tiene o no buenos equipos de rescate. El verdadero interrogante es si, ante una tragedia de esta magnitud, resulta conveniente limitar anticipadamente las capacidades disponibles cuando otros países están dispuestos a desplegar recursos especializados.

En una emergencia con personas posiblemente atrapadas bajo estructuras colapsadas, la capacidad de respuesta no se mide únicamente por el número de rescatistas, sino también por tecnología, perros especializados, equipos de localización, ingenieros estructurales, experiencia en escenarios sísmicos y capacidad logística.

Por eso, la cooperación internacional en desastres no necesariamente implica reemplazar a los equipos nacionales. Puede significar sumar capacidades y acelerar operaciones.

La controversia adquiere una dimensión política porque el Gobierno de De la Espriella apenas comienza su administración. Informaciones periodísticas han señalado dificultades de coordinación y la ausencia inicial de algunos responsables de entidades estratégicas para atender la emergencia. También se ha cuestionado la ruptura del proceso de empalme con el Gobierno anterior, una situación que podría haber dificultado la transición institucional precisamente en un momento crítico.

El sistema colombiano de gestión del riesgo es altamente centralizado: las necesidades deben ser identificadas por las autoridades competentes y articuladas con la Cancillería para canalizar la cooperación internacional. Esa estructura puede convertirse en un cuello de botella si las decisiones no se toman con rapidez.

La geopolítica también aparece entre los escombros

El episodio tiene además una lectura internacional.

Las ofertas de asistencia llegaron desde gobiernos ideológicamente muy diferentes: México, Brasil y España, pero también Chile, Argentina, Ecuador y El Salvador. Es decir, la tragedia colombiana generó una respuesta que trasciende las diferencias políticas entre gobiernos.

Precisamente por eso, cualquier percepción de que la ayuda internacional se acepta o se rechaza dependiendo del país de origen podría convertirse en un problema diplomático.

Estados Unidos constituye hasta ahora una excepción relevante. Washington anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares y activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) para respaldar las operaciones y la coordinación de la respuesta.

El mensaje político que deja esta situación es delicado: en una catástrofe, la cooperación internacional debería estar determinada por las necesidades de las víctimas y la capacidad técnica ofrecida, no por afinidades ideológicas o estratégicas.

Cada minuto cuenta

La emergencia obliga al Gobierno a responder una pregunta fundamental: ¿cuál es el costo de esperar?

La ayuda humanitaria —alimentos, agua, medicamentos, refugios y suministros— es indispensable para las familias damnificadas. Pero cuando todavía existen posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros, el tiempo adquiere otra dimensión.

La discusión, por supuesto, no significa desconocer el trabajo de los rescatistas colombianos. Por el contrario, ellos son los primeros en enfrentar el riesgo y merecen todo el reconocimiento. El punto es determinar si sus capacidades son suficientes frente a una emergencia que supera las fronteras territoriales y si resulta razonable sumar equipos especializados cuando están disponibles.

La información conocida este 12 de agosto indica, además, que la posición del Gobierno comenzó a modificarse: reportes recientes señalan que De la Espriella abrió la puerta a la llegada de apoyo internacional y que equipos extranjeros podrían incorporarse a las operaciones.

Colombia está frente a una prueba que no es únicamente sísmica. Es también una prueba de liderazgo, coordinación institucional y capacidad para poner la vida humana por encima de cualquier cálculo político.

En una tragedia de esta dimensión, la pregunta no debería ser quién ofrece la ayuda, sino qué ayuda puede llegar más rápido y salvar más vidas.