Más de 5,8 millones de fotomultas serían anuladas en Colombia
El Gobierno Nacional abrió investigaciones administrativas contra 37 organismos de tránsito municipales y distritales por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotomultas, una situación que podría dejar sin validez más de 5,8 millones de comparendos en todo el país, donde las alcaldías tendrían que devolver $1 billón por fotomultas irregulares a conductores.
La auditoría, adelantada por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, reveló fallas técnicas y jurídicas en la implementación de los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST), conocidos popularmente como fotomultas.
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Según el informe oficial, más de 7,6 millones de comparendos quedaron bajo revisión por posibles incumplimientos de la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, normas que regulan la instalación y operación de estas cámaras.
Las investigaciones detectaron irregularidades graves: 12 organismos de tránsito habrían puesto en funcionamiento cámaras sin contar con acreditación técnica de desempeño; otros 7 utilizaron documentos pertenecientes a terceros para justificar la operación de los equipos; y 18 administraciones locales tramitaron los permisos legales después de haber comenzado a imponer sanciones.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el problema no radica en la existencia de las cámaras, sino en el incumplimiento de los procedimientos legales para su funcionamiento.
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra.
De acuerdo con las cifras entregadas por el Gobierno, 5.832.906 comparendos pendientes de cobro deberán ser revocados de oficio por las secretarías de tránsito involucradas, beneficiando directamente a más de 1,4 millones de conductores.
La situación también abre un enorme frente económico para las administraciones locales. Las autoridades rastrean actualmente 1.582.398 fotomultas que ya fueron pagadas por ciudadanos y que ahora podrían generar devoluciones superiores a los $1,05 billones de pesos.
La ministra explicó que las entidades territoriales deberán habilitar mecanismos ágiles y virtuales para que las personas afectadas puedan solicitar el reintegro del dinero pagado indebidamente.
En el caso de Bogotá, indicó que la Secretaría de Movilidad ya cuenta con un procedimiento digital para adelantar las reclamaciones, mientras que las demás ciudades deberán implementar sistemas similares de atención expedita por internet.
Las cifras más altas de comparendos bajo sospecha se concentran en las principales ciudades del país. Cali lidera el listado con cerca de 2,7 millones de fotomultas cuestionadas; Medellín aparece con 717 mil; Bogotá con aproximadamente 294 mil; y Barranquilla supera las 131 mil detecciones investigadas.
El panorama podría agravarse aún más para las entidades responsables. Si las investigaciones confirman las irregularidades, las autoridades de tránsito no solo tendrían que devolver el dinero recaudado, sino enfrentar multas equivalentes al doble de los recursos cobrados de manera indebida. Las sanciones podrían superar los $2,1 billones de pesos.
El caso marca un precedente nacional sobre el uso de las fotomultas y reabre el debate sobre el control ciudadano, la legalidad de los sistemas automatizados y el manejo de los recursos públicos por parte de las administraciones locales.
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