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Personería suspende provisionalmente por tres meses al alcalde (e) de Kennedy por presuntas irregularidades en contratos de vigilancia

La medida contra Javier Prieto Tristancho está relacionada con tres procesos contractuales del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. La decisión contrasta con las declaraciones que el funcionario entregó recientemente a Valaguela Radio sobre la selección de operadores, la supervisión de contratos y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La Personería de Bogotá ordenó la suspensión provisional, por tres meses y sin remuneración, de Javier Prieto Tristancho, alcalde encargado de la localidad de Kennedy, por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de los servicios de vigilancia del Fondo de Desarrollo Local.

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La decisión, adoptada por la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico del organismo de control, se fundamenta en cuestionamientos a la planeación, supervisión y evaluación de tres procesos contractuales. Según la información conocida, la medida busca prevenir la posible reiteración de las conductas investigadas mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Tres procesos contractuales bajo cuestionamiento

Uno de los principales asuntos examinados por la Personería corresponde al contrato CCB-759-2025, relacionado con la prestación de servicios de vigilancia. Entre los aspectos señalados se encuentran cinco prórrogas consecutivas que extendieron su ejecución hasta el 25 de septiembre de 2026, así como la reducción de 15 a tres puestos de vigilancia, presuntamente sin una justificación técnica.

La vinculación de Prieto Tristancho con estos hechos está relacionada con las funciones que habría desempeñado como ordenador del gasto y supervisor durante su encargo como alcalde local.

El segundo proceso corresponde al contrato CPS-966-2026, celebrado con la empresa Top Guard Ltda. bajo la modalidad de mínima cuantía, en el que se habrían identificado deficiencias en la planeación contractual.

El tercer caso está relacionado con la licitación pública FDLK-LP-001-2026, que fue declarada desierta por presuntas fallas en la metodología de evaluación económica.

Los tres procesos tienen en común la contratación de servicios de vigilancia para el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y constituyen los elementos que sustentan la decisión preventiva del organismo de control.

Es importante precisar que la suspensión provisional no equivale a una sanción disciplinaria definitiva ni significa que la responsabilidad del funcionario haya quedado establecida. Los hechos deberán esclarecerse durante el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

También es importante aclarar que Prieto fue designado en encargo de la localidad desde el mes de febrero de 2026, lo cual también aclaro en entravista con Valaguela Radio, dejando la salvedad.

Lo que dijo el alcalde encargado en entrevista con Valaguela Radio días atras

La decisión de la Personería se conoce después de que Javier Prieto Tristancho concediera una entrevista exclusiva a Valaguela Radio, en la que abordó la ejecución presupuestal de Kennedy, los mecanismos de contratación y la supervisión de los recursos públicos.

Durante la conversación, el mandatario local señaló que la localidad administra recursos cercanos a los 190.000 millones de pesos anuales para atender las necesidades de la comunidad y desarrollar proyectos de inversión.

Consultado sobre las medidas para garantizar la transparencia en el manejo de ese presupuesto, Prieto explicó que su administración trabajaba en dos frentes: la selección de operadores idóneos y el seguimiento a los contratos en ejecución.

“Estamos trabajando muy fuertemente para detectar cuál es la mejor formulación, para que las personas, las empresas y las entidades que se escojan para la ejecución de los recursos sean las más idóneas”, manifestó durante la entrevista.

El funcionario también se refirió a la importancia de estructurar adecuadamente los procesos de contratación y de evaluar a los participantes mediante los procedimientos establecidos, incluidos aquellos adelantados a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Supervisión y seguimiento de los contratos

Otro de los asuntos abordados por Valaguela fue el control sobre las obligaciones de los contratistas y la verificación de las actividades financiadas con recursos públicos.

“Una vez elegidas las empresas que van a terminar operando los recursos, tenemos que hacer un muy buen apoyo a la supervisión y un muy buen seguimiento a cada una de las actividades que dijimos que se tenían que ejecutar”, afirmó Prieto Tristancho.

En esa oportunidad, el alcalde encargado sostuvo que el propósito era garantizar que las inversiones se materializaran de acuerdo con las obligaciones pactadas y que los ciudadanos pudieran evidenciar los resultados de los proyectos financiados con presupuesto local.

El mandatario también explicó que había asumido el cargo en febrero de 2026 y que parte de su labor consistía en hacer seguimiento a contratos suscritos antes de su llegada a la administración.

“En este momento estamos en esa segunda fase, la de vigilancia y supervisión de cada una de las actividades que mi antecesora dejó suscritas, para que se estén haciendo en debida forma”, señaló en la entrevista.

La contratación pública, bajo la lupa

La suspensión provisional vuelve a poner en el centro del debate la planeación de los contratos, la evaluación de las ofertas y la supervisión de los servicios financiados con recursos públicos en Kennedy.

Los cuestionamientos de la Personería se refieren precisamente a estos aspectos: la extensión de un contrato de vigilancia, la reducción de puestos sin una justificación técnica señalada por el organismo de control, las presuntas deficiencias en la planeación de otro proceso y las fallas en la metodología de evaluación económica de una licitación.

Por su parte, las declaraciones entregadas por Prieto Tristancho a Valaguela Radio reflejaron la posición que el funcionario expuso sobre la necesidad de seleccionar operadores idóneos y realizar seguimiento a la ejecución contractual y como desde la administración se esta la tanto de vigilar dichos recursos.

Con un presupuesto anual cercano a los 190.000 millones de pesos, la contratación de Kennedy representa un asunto de interés para los habitantes de la localidad, quienes tienen derecho a conocer cómo se asignan los recursos, qué empresas ejecutan los proyectos y cuáles son los resultados de la inversión pública.

La evolución de las actuaciones disciplinarias permitirá conocer las conclusiones del organismo de control y las decisiones que se adopten frente a los procesos contractuales cuestionados.

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