Abandono estatal a la población víctima del Alto Remanso (Putumayo)
Tras el operativo militar del 28 de marzo que dejó 11 muertos, personas heridas y desaparecidas en una vereda del municipio de Puerto Leguízamo, se confirma que hasta el pasado viernes 8 de abril se realizó de forma virtual un Consejo Extraordinario de Seguridad donde sólo se atiendieron las versiones de la Fuerza Pública.
El cuestionado operativo militar que terminó en masacre, sigue dejando un manto de dudas tras las declaraciones de Carlos Gerardo González, secretario de Gobierno del Putumayo, quien en entrevista para W Radio comentó que la Misión de verificación programada por parte del Ministerio del Interior fue cancelada por cuestiones de agenda.
Tras 11 días de la tragedia que conmociona a más de 70 familias de la vereda El Alto Remanso, la administración departamental logró llegar al casco urbano de Puerto Leguízamo para adelantar un Consejo de Seguridad virtual con el Ministerio del Interior y Defensa.
“Tuvimos un Consejo de Seguridad donde el Ministerio Público entregó un reporte y la Fuerza Pública, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y el Ejército ratificaron nuevamente el reporte oficial sobre un operativo militar. Para nosotros las comunidades son muy importantes y ante eso activamos todas las rutas. Pero sí, nos debemos a esa investigación que adelanta la Fiscalia“, indicó el secretario.
Por el momento desde la Adminstración Departamental, sólo se avalan las declaraciones suministradas por la Fuerza Pública, pero un gran interrogante surge ante la ausencia del Estado en la región amazónica, este se evidencia pues las familias víctimas tuvieron que desplazarse hasta Mocoa a las instalaciones de la gobernación para ser atendidos. Al día de hoy ni el gobernador ni su secretario de despacho han visitado la vereda El Alto Remanso.
“Ya adelantamos un acercamiento con la comunidad. Hay que tener en cuenta la situación geografica de Puerto Leguízamo que abarca más 47% del territorio putumayense y esa ruralidad no facilita que las comuniidades puedan entregar sus versiones. Nosotros dos días después de los hechos recibimos en la Gobernación una comisión de la comunidad. Nosotros nos debemos a unas directrices del Ministerio del Interior, ellos programaron la misión de verificación para los días 5,6 y 7, pero cancelan esa misión, alteraron la agenda que nosotros planteamos y tuvimos que acudir al sector privado para poder acudir a Leguízamo”, concluyó González.
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