Falló tutela a favor de trabajador de Aguas de Bogotá

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Un juez de tutela acaba de ordenar el reintegro de uno de los 3.700 trabajadores despedidos de Aguas de Bogotá. Se trata de Jimmy Ernesto García Rubiano, quien, como lo había denunciado en diversas oportunidades la concejal Xinia Navarro, padece una enfermedad renal, lo que le daba estabilidad laboral reforzada.

“Desde diciembre de 2017, incansablemente, he hecho el llamado de atención a la Administración Distrital, a través de mesas de trabajo y derechos de petición, para que no se vulneren más los derechos laborales individuales y colectivos de los extrabajadores de Aguas de Bogotá, pero la respuesta ha sido la burla del gerente de la empresa y la indolencia de la administración de Enrique Peñalosa”, señaló hoy la concejal del Polo Democrático al dar a conocer el fallo del Juzgado 29 Penal del Circuito.

Dicho fallo ordena reintegrar, en un término de 48 horas, en un cargo de iguales condiciones al señor Jimmy García. Ordena también que se reinicie el pago mensual de los aportes a pensión, salud y riesgos profesionales, con el fin de que no se interrumpa su tratamiento médico. El juez consideró, además, que para haber despedido al accionante se requería de la autorización del Ministerio de Trabajo, como también lo ha advirtió con antelación la concejal Xinia Navarro.

“¿Cuántas tutelas más necesita perder Aguas de Bogotá para demostrar que se cometió una masacre laboral sin precedentes bajo el mandato de Enrique Peñalosa?” expresó Navarro Prada, quien además instó hoy a la Contraloría y a la Personería de Bogotá a adelantar una investigación que determine cuánto tendrá que pagar el Distrito por el reintegro de todos los trabajadores despedidos arbitrariamente y el pago de sus prestaciones sociales, “¿de cuánto será el detrimento patrimonial por esta masacre laboral”.

Para la cabildante, este fallo es una clara demostración de la necesidad de preservar la autonomía de la justicia y de la tutela, que desaparecía ante una eventual unificación de las cortes.

Finalmente, le respondió a la Personería de Bogotá que la mesa de negociación instalada por esta entidad fracasó, y que pese a que la Personería en respuesta a un derecho de petición afirmó que en la mesa se había pactado la contratación de todos los trabajadores despedidos, esto no sucedió.

“Llevamos seis meses denunciando las arbitrariedades cometidas contra 3.700 trabajadores, en su mayoría población vulnerable. He presentado uno a uno los casos de estabilidad laboral reforzada que fueron violentados, he suplicado para ellos unas alternativas conciliadas, desde el Polo Democrático seguiremos denunciando la negligencia de la Administración y de los organismos de control”, puntualizó Navarro Prada.

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