Bogotá, bajo la lupa por el «turismo reproductivo»: Concejo alerta sobre el auge del alquiler de vientres
La capital colombiana enfrenta una creciente preocupación por el aumento de la gestación subrogada con fines comerciales. Durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, varios cabildantes advirtieron que la capital estaría consolidándose como un destino de «turismo reproductivo», favorecido por el vacío legal que existe en Colombia frente a esta práctica.
La discusión fue citada por el concejal Andrés Barrios, del Partido Centro Democrático, quien junto a los concejales Diana Diago, Julián Uscátegui, Andrea Hernández y Humberto Amín, alertó sobre lo que calificaron como una industria que comercializa la maternidad y expone a mujeres en condición de vulnerabilidad.
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Durante la sesión, los concejales señalaron que lo que en algunos casos se presenta como un acto altruista ha evolucionado hacia un negocio de alto impacto económico. Según lo expuesto en el debate, un ciudadano extranjero puede pagar alrededor de 60.000 euros por un proceso de gestación subrogada en Bogotá, mientras que la mujer gestante recibiría entre el 10 % y el 27 % del valor total de la operación.
Además, denunciaron que algunos contratos contemplarían pagos mensuales condicionados al nacimiento del bebé en determinadas condiciones, así como incentivos económicos denominados «bonos de éxito» o «bonos de buen comportamiento», lo que, según los cabildantes, evidencia la mercantilización de este proceso.
Los concejales también advirtieron que la falta de una regulación específica y la escasa coordinación institucional han convertido a Colombia en un destino atractivo para extranjeros interesados en acceder a este tipo de procedimientos. Incluso señalaron que portales internacionales promocionan al país como un «paraíso de la subrogación», resaltando la ausencia de normas claras para facilitar el registro de los menores nacidos mediante esta modalidad.
Como parte del debate se conoció que, de acuerdo con cifras del Consejo Superior de la Judicatura, durante 2024 se registraron 8.435 demandas de impugnación de maternidad y paternidad, un dato que, según los concejales, refleja la necesidad de fortalecer el marco jurídico alrededor de estos procesos.
Por su parte, la concejal Heidy Sánchez puso el foco en las consecuencias para la salud de las mujeres gestantes. Durante su intervención manifestó que los tratamientos hormonales requeridos para estos procedimientos pueden representar riesgos físicos y advirtió que algunos contratos podrían afectar la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sus derechos reproductivos.
Como respuesta a esta problemática, el concejal Andrés Barrios presentó la estrategia «Bogotá No Se Alquila», una propuesta orientada a enfrentar el turismo reproductivo, fortalecer la capacidad de respuesta de la Administración Distrital y prevenir que mujeres en condición de vulnerabilidad sean captadas por redes dedicadas a esta actividad.
Finalmente, los cabildantes solicitaron que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) implementen un registro riguroso y transparente de los casos de maternidad subrogada, así como mecanismos para garantizar que las mujeres reciban información clara sobre las implicaciones médicas, psicológicas y jurídicas del procedimiento. También insistieron en la creación de rutas de prevención que eviten la captación de mujeres vulnerables y aseguren la protección integral de sus derechos.
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