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Cartel de corrupción envuelve a seis senadores de Colombia

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Una investigación de la Fiscalía donde también se viculan alrededor de 20 funcionarios y contratistas quienes integrarían este entramado de corruptela estatal.

El expediente del ente investigador vincula a seis congresistas y mencionan alrededor de veinte personas que tienen el mismo ‘modus operandi’ del esquema criminal de ‘las marionetas’, cartel liderado por el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez, quien cumplía una condena de 15 años y 11 meses por corrupción, quien falleció al parecer por un infarto el 18 de noviembre en la cárcel La Picota, en Bogotá.

En dicho informe del grupo especializado de fiscales anticorrupción, se evidencian las maniobras que habrían desplegado congresistas, funcionarios públicos y particulares para reducir los recursos estatales a través prácticas irregulares en la contratación y creando su propia red con tentáculos en diferentes entidades públicas.

Los senadores vinculados son Samy Merheg y Miguel Ángel Barreto del Partido Conservador; Carlos Abraham Jiménez y Carlos Fernando Motoa del Partido Cambio Radical; Ciro Ramírez Cortés del Partido Centro Demócrático; Juan Felipe Lemos Uribe de partido Unión por la Gente y el excandidato a la Cámara de Representantes Julio César García.

De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo de los políticos es aumentar su volumen electoral en las regiones en las que se tiene previsto realizar obras con plata de la paz.

Por el lado de los contratistas, su propósito es aumentar sus riquezas y el de los funcionarios, conseguir réditos en ‘las organizaciones ilegales’ a las que pertenecían para ascender en estas y en el futuro escalar en sus aspiraciones políticas.

Hallazgos fiscales

Se calcula que las irregularidades hasta ahora detectadas superan los 70.000 millones de pesos, y los intentos de apropiarse de contratos públicos se habrían extendido hasta hace unos meses. Por lo anterior, la Fiscalía mantiene la investigación de nuevos procesos licitatorios.

“Son presuntos servidores públicos corruptos (…), el senador Ciro Ramírez sigue en su cargo y sigue instrumentalizando esas conductas punibles. Se está hablando de corrupción en dos ramas del poder –el Ejecutivo y el Legislativo– para desviar contratos financiados con plata del Estado”, anotó el ente investigador.

Si bien la Fiscalía no puede investigar a los legisladores, porque es trabajo de la Corte Suprema, en la investigación que se adelanta contra los funcionarios y contratistas se afirma que todos ellos se organizaron en un grupo criminal que funcionó desde 2021 y se extendió a este año, el objetivo era “direccionar contratación pública para dar beneficios a senadores y un candidato a la Cámara”.

Fuente: Infobae

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